Urbanismo :::: Augusto Ortiz de Zevallos se explaya.

Retorno a las Fuentes

Más que los diseños urbanísticos CAD en la pantalla de la computadora, el restaurante Rosa Naútica es el mejor ejemplo contemporáneo de lo que se puede y debe hacer en la Costa Verde. CARETAS entrevistó al arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos, actual asesor de la Autoridad Autónoma, sobre el bramido del mar.

–Hace años se discute la importancia de la Costa Verde, sin embargo pasa el tiempo y sigue siendo un desaprovechado terral al lado de la pista. ¿Cómo urbanista y asesor de la Autoridad del Proyecto Costa Verde ve alguna esperanza de cambio?
–En la cabeza de cualquier limeño la Costa Verde es el zanjón número dos. Los tablistas, veraneantes y deportistas no están reconocidos como titulares de derecho, la Costa Verde es de los carros. Mi propuesta es otra: una ciudad en la que uno pueda ir en bicicleta desde la avenida Brasil hasta el Morro Solar. En las imágenes de google se revela que las avenidas que llegan hasta la Costa Verde son 15, quiere decir que hay una forma tangible de conectar lo de arriba con lo de abajo. Lima es la única capital de América del Sur que tiene costa, debemos hacer un discurso creador con un gran espacio público lleno de vida. Cuando se haya conseguido esta calidad de espacio, evidentemente habrá áreas sobrantes que puedan ser desarrolladas inmobiliariamente como complemento.

–El proyecto de los arquitectos Manuel Zubiate y Raúl Flórez contemplaba construir en ciertas zonas de los acantilados, para por medio de la inversión privada financiar el espacio público. Si como anunció el Alcalde Luis Castañeda Lossio se descarta esa posibilidad, ¿de dónde provendrán los recursos?
–Sin duda la idea de complementar inversión privada y pública no tiene en sí nada de malo, si la definición es un gran proyecto urbano. Lo que estuvo mal es que lo que se quería eran proyectos individuales, maximizar renta, eso es lo que se fue otorgando y sucedió con el Costa Linda, Cala y ese anticuario bamba que es Rústica. Considero que la visión urbanística de Zubiate y Flórez era más de lo mismo.

–¿Su propuesta es opuesta a la presentada por los arquitectos Manuel Zubiate y Raúl Flórez?
–Creo que hay cosas que ellos han hecho que son valiosas, por ejemplo reubicar el trazo del eje vial es una solución conveniente. En más de un punto tiene sentido reordenar la vía. También el tratamiento de malecones son dentro de la propuesta piezas valiosas. Lo que pasa es que el encargo fue el equivocado: maximiza renta inmobiliaria. Había una suerte de expectativa de cada distrito municipal de convertir al litoral en un lote proveedor de dinero, de ventas. El modelo convalidaba un poco lo que ya se hizo, los que invirtieron nunca hicieron un metro cuadrado de espigón.

–Ellos proponían concursos públicos, con reglas de inversión desde el principio.
–Esa filantropía del inversionista no es muy cierta.

–Reconocidos arquitectos como Miguel Cruchaga criticaron el uso de los acantilados para construcciones, pues le parecen escultóricos. Ahora el propio alcalde de Lima afirma que preservará el estado natural de los acantilados.
–La discusión se ha ido a frases, no hay que discutir slogans sino propuestas tangibles. No es ni blanco ni negro, sino una propuesta armónica, inteligente, cuidadosa, donde hay que conciliar lo posible con lo deseable para que se den resultados.

–¿Cómo lograrlo sin recursos económicos? Su propuesta me parece soñadora.
–Soñar está bien, pero yo creo que más bien es soñador creer que un inversionista privado va a generar vía pública, antes que su propio desarrollo.

–¿Mientras se conciben nuevos acuerdos la Costa Verde seguirá siendo una pista al lado de un terral?
–No, porque habrá en el área de Miraflores inversión concreta, con los recursos que ese distrito ha destinado para la costa y se espera que otros municipios puedan delinear algo. San Miguel tiene planes, Magdalena también. El espacio de nadie tiene que ser convertido en la playa de todos, es nuestro primer reto. Generar playa valiosa produce valor, dinero, potencial de inversionistas. Invertir no es agarrarse algo.

–¿Cómo generar playa, hacer costosos espigones, sin recursos?
–Obviamente hay un tema de recursos que debe ser manejado. Hay que hacer una arquitectura financiera inteligente para que esto sea viable y esto incluye a los privados, pero no para reclamar tener un lote y hacer lo que les dé la gana. Si aparecen modelos conciliados entre lo privado y lo público que son el secreto de Barcelona, de Hamburgo, de Guayaquil, bienvenidos. (CV)

Urbanismo :::: El Central Park de Nueva York, o lo que Lima debería hacer con sus áreas verdes.

La Ciudad Y los Parques

El Central Park es el orgullo de los ciudadanos de Nueva York. Tiene 341 hectáreas, veinte veces el tamaño del Parque de la Reserva.

Por el contrario en Lima, los parques peligran. Los 1,200 metros cuadrados del parque Locuto en la urbanización La Capullana de Surco han sido comprados por la constructora Acamu S.A.C al precio de 153,125 dólares. Ya anuncian la construcción de un edificio residencial de tres pisos.

Como si lo que le faltara a Lima son áreas verdes. Según un informe de GEO Lima y Callao del 2005, ambas provincias cuentan con 2,998 parques zonales y metropolitanos y representan 1,367 hectáreas. Por cada habitante en Lima y Callao existen 1.7 m2 de área verde, cuando lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es entre 9 y 11 m2. Para el colmo, un tercio de los parques de la antigua “Ciudad Jardín” se encuentran en mal estado.

El abandono no es la única peste que amenaza los parques de Lima. Una proliferación de avisos publicitarios impide observar los árboles, flores y plantas de los parques. El Campo de Marte en la avenida Salaverry fue una de las primeras víctimas. Quedó cubierto por vallas publicitarias y no hubo municipalidad que lo defendiera. Al contrario, el municipio cobró en obras por la transacción comercial.

Urbanismo :::: A 474 años de fundada, debate sobre la identidad marinera de la metrópoli calienta el verano. Los planes para la Costa Verde dominan la agenda.

Lima: Polémica, soñadora, marinera

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Aunque podría serlo

¿Es tan difícil tener al menos un bonito malecón al borde del mar?

Este verano el debate está al rojo vivo. Al mar picado se ha lanzado hasta el presidente Alan García Pérez, entusiasmado con la idea de extender la costanera desde Chorrillos hasta el Callao, consolidando un asombroso frente marino que volcaría la capital hacia el mar de una buena vez por todas. Pero una vez más, la idea de construir una “exclusiva red de hoteles, restaurantes o departamentos” contra los acantilados se zampó en la escena.

A principios del año pasado, la Autoridad del Proyecto Costa Verde hizo suya la propuesta de los arquitectos peruanos Manuel Zubiate y Raúl Flórez de dar en concesión ciertas zonas de los acantilados a inversionistas privados. La idea empaquetada como “Inversión privada, beneficio público”, propone financiar el desarrollo de áreas públicas y del malecón soñado sobre la franja costera, básicamente con el dinero recaudado en las concesiones (CARETAS 1972).

Todos los caminos conducen al mar, pero el acceso no necesariamente es fácil. Ortiz de Zevallos propone la ejecución de escaleras, miradores y vegetación que articulen la metrópoli con el litoral.

Sin duda, uno de los ejes del debate es la idea de alterar el gran farallón de Lima, como tituló CARETAS 2016, en marzo pasado. “Cada vez que recorro la Costa Verde me siento admirado por la morfología escultórica de sus macizos”, describió el arquitecto Miguel Cruchaga. Los acantilados “se contraponen a la amplitud quieta y vibrante del mar y lo hacen con una plasticidad que habría admirado el propio Henry Moore”, comparó.

Cruchaga reclamó se respete la “identidad” de la franja costera limeña e invocó a las autoridades declarar la “intangibilidad” de los farallones. Sus elocuentes palabras no parecen haber caído en saco roto. El debate alcanzó un punto de inflexión pocas semanas atrás cuando el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, descartó el proyecto de Zubiate y Flórez, y priorizó más bien aquel del arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos, acaso más sencillo pero más integral, según algunos observadores.

“El modelo de lote y maximización de renta dará como resultado una continuidad de episodios sin unidad de conjunto –como si fueran pozos de petróleo. Ahí tenemos por ejemplo el esperpento de Costa Linda en Chorrillos”, dramatizó Ortiz de Zevallos. “La Costa Verde es un gran espacio natural, donde se debe ir labrando el paisaje donde se preste, con escaleras y sistemas de verde, para ir “tejiendo ciudad”, entre el área urbana, arriba, y la playa, abajo”.

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19 K, Cara al Mar La Costa Verde corre a lo largo de la vertiente sur de la capital uniendo seis distritos limeños: San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Ahora la impronta presidencial pretende extender la costanera hasta La Punta, Callao, en un formidable desarrollo costero que transformaría el rostro de la ciudad.

Las cartas están echadas, pero la partida está lejos de terminar. “Se ha satanizado nuestro proyecto, dando la idea que el total de los acantilados serán construidos cuando solo se tocará el 20%”, dice Flórez. Pero por su experiencia con Guayaquil, y las trabas que confrontaron al principio, el arquitecto está convencido que tarde o temprano se tendrá que hacer el proyecto. “Si queremos que la Costa Verde sea un espacio público de altísima calidad, totalmente democrático y seguro, que sea mantenido sin costo los 365 días del año, debemos separar los roles público y privado: reglas claras municipales que atraigan la inversión privada”, dijo Flórez.

Pero en esto de roles públicos y privados hay que tener mucho cuidado. “Creer que un inversionista privado va a generar vía pública es un tanto soñador”, sintetiza Ortiz de Zevallos. Sin embargo, admite que la inversión privada puede ser un socio clave en el desarrollo de la Costa Verde (ver entrevista).

“El presidente García ha ofrecido S/. 25 millones –o S/. 3 por habitante de Lima, el equivalente a un chocolate Sublime cado uno–, y se podría reacomodar el presupuesto de Lima y los distritos, pero el problema es que la caja no alcanza”, dice Ortiz de Zevallos. “Habrá que hacer una chanchita”.

No alcanzará para financiar los proyectos más ambiciosos y, muchas veces, faraónicos, pero sí para construir un simple malecón que articule el de Chorrillos con los 15 kilómetros restantes de playa. Al menos el alcalde de Miraflores, Manuel Masías, está embalado. “Yo creo que podemos recibir el próximo verano con un espacio mejorado, el malecón avanzado y hasta una piscina de agua salada”, chapucea de entusiasmo Ortiz de Zevallos.

Mientras las discusiones van y viene como las olas del mar, edificios han empezado a “descolgarse” de los acantilados en Barranco. Un largo crespón cubre el farallón sobre el cual se construye el edificio Bresciani, diseñado por Mario Lara. El último departamento se vendió a 2,250 dólares el metro cuadrado. Sin duda, un gran negocio inmobiliario gracias a su privilegiada vista al mar, pero nada aporta al mejoramiento de la Costa Verde.

Al caer la tarde, el Sol, una bola naranja y perfecta, se sumerge lentamente en las aguas del Pacífico. El debate se mantiene al rojo vivo. (Caterina Vella)

Encuesta :::: Estudio revela opinión de limeños sobre aborto, homosexualidad y educación sexual según sus opciones religiosas.

Sexo y Religión

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Francés Jean Bauberot y mexicano Roberto Blancarte asistieron en Lima a tercer curso internacional sobre libertades laicas.

¿Bajo qué luz hay que interpretar el debate actual sobre laicismo en el Perú si se entiende éste por un Estado que respeta la actividad de las iglesias pero es independiente de ellas para formular sus políticas?

Resulta que hay más de un interruptor.

Blancarte explica que “hay este triángulo entre conciencia, individuo e iglesia. En estados más o menos laicos ha sido el Estado el que ha tenido que intervenir para proteger la conciencia del individuo frente a las presiones de la iglesia mayoritaria. Históricamente venimos de una alianza entre el Estado y la Iglesia que iba en contra de las libertades. Los individuos no eran libres de escoger su religión y esto ha sido válido para otras libertades. Derechos tan simples como el derecho de una mujer para comprar un anticonceptivo en la farmacia de la esquina es un derecho que el Estado ha garantizado en contra de la presión de las iglesias. Por eso la alianza entre el Estado y la Iglesia suele ser nociva”.

La discusión actual sobre la laicidad pasa por minorías, multicultularidad, opciones sexuales y derechos reproductivos. Una mirada al programa del mencionado curso da cuenta de la confluencia.

La encuesta realizada por el Grupo de Investigación sobre Religiosidad y ciudadanía de la Red de Libertades Laicas ofrece resultados reveladores (ver cuadros). Los entrevistados, calificados según su tendencia religiosa, se muestran muy reticentes a posibilidades como la del matrimonio homosexual y la legalización del aborto. Otras encuestas, como las realizadas por la Universidad de Lima en los últimos años a propósito del Día de la Mujer, muestran que, confrontados ante situaciones más complejas, como el riesgo de muerte de la gestante, los capitalinos se muestran mucho menos inflexibles.

Ejemplo al canto: estamentos de la Iglesia Católica vienen ejerciendo intensa presión para que no se reglamente el aborto terapéutico, aquel que de no practicarse puede terminar con la vida de la mujer o provocarle daños permanentes, reconocido por el Código Penal desde hace 80 años. CARETAS ha expuesto algunos dramáticos casos y ahora se conoce el de Benedicta Choque, una arequipeña de 36 años que murió el último abril tras cuatro meses de gestación. Choque sufría de una condición cardiaca que empeoró con el embarazo. En el hospital regional Honorio Delgado, donde se atendía, nunca le ofrecieron la opción de terminar legalmente con el embarazo, sencillamente porque no hay un protocolo en vigor.

Bauberot (67) es el fundador de la sociología de la laicidad y caballero de honor de la Legión Francesa. Fue consejero de la ex ministra Ségolène Royal, luego candidata a la presidencia, en materias de educación a la ciudadanía. También integró la comisión Stasi, convocada por el ex presidente Jacques Chirac para discutir sobre el principio de laicidad en Francia, cuando el debate sobre el uso del velo islámico y cruces en los colegios marcaba su temperatura más alta.

Bauberot, él mismo un protestante, defiende la escuela como campo laico y se refiere a la compleja cuestión de la migración. “Hoy las personas pueden permanecer en contacto con sus países de origen incluso si esos países están a miles de kilómetros, incluso tener casetes de predicadores de Arabia Saudita, mientras hace 50 o 100 años estaban obligados a adaptarse al contexto tal y como llegaban. Tienen derecho pero eso quiere decir que la escuela debe educar mucho más en el espíritu crítico que esos medios de comunicación. Me parece que todo el mundo será beneficiario de ello porque incluso los niños franceses deben aprender a tener una relación crítica con el Internet y los demás medios. Eso es lo más importante para luchar contra el integrismo”.

Expresa interés en las posturas de los evangélicos peruanos, lo que se ha convertido en una variable en la temática del laicisimo a partir de la emergencia de estas iglesias. El censo del 2006 en el Perú ya registraba un 11% que declaraba dicha filiación. La mencionada encuesta los muestra en una tónica más conservadora que la de los católicos. Al respecto, Bauberot considera que “el problema de la Iglesia Católica es la idea de moral natural de la cual es guardiana. Los evangélicos son por lo general born again –‘nacidos de nuevo’– y puede significar que aceptan una moral para ellos y otra para quienes no se han convertido. Me invitaron hace poco a uno de sus congresos y les dije, tengo que prevenirles, ustedes tienen el derecho de condenar la homosexualidad en el seno de su iglesia pero deben aceptar que los homosexuales puedan casarse bajo leyes civiles. Como no quiero hacer una provocación se los digo de antemano. Lo discutieron y mantuvieron su invitación”.

El incremento de influencia evangélica en el Perú se expresa en el proyecto de ley de Libertad e Igualdad Religiosa 1008/2006-CR, cuya discusión estaba programada para el final de la legislatura que terminó por complicarse. El proyecto presentado por la bancada aprista fue patrocinado por la congresista Mercedes Cabanillas y contempla algunos artículos que prendieron alarmas en el evento del colegio Belén. Violeta Barrientos, coordinadora de la Asociación de las Libertades Laicas, se refiere sobre todo a la intención de convertir a las entidades religiosas en “personas jurídicas de derecho público, como el Estado y los gobiernos regionales”.

El otro factor en cuestión es el del régimen patrimonial, que declara inembargables a los bienes de las iglesias, que a su vez se verían inafectas a los impuestos a la renta, de alcabala, predial y vehicular. Tampoco las donaciones ni las importaciones de bienes pagarían tributos. “Son privilegios”, considera Bauberot. Barrientos añade que lejos de acercarse al laicisimo, los evangélicos “buscan igualarse con la Iglesia Católica. Sería un Estado pluriconfesional”.

El mexicano Blancarte insiste en practicar “un ejercicio de comprensión: no se trata de intervenir en la vida interna de las iglesias sino que es el marco general para respetar nuestras propias libertades”. Una vuelta de tortilla que a muchos no sabrá tan bien. (Enrique Chávez)

Derechos Humanos :::: En 1984, militares obligaron a cavar fosa para “piscigranja” y luego fusilaron a 124 en Putis, Huanta.

Crimen Sin Castigo

Equipo forense en la fosa de Putis. Según la CVR, aquí fueron fusiladas 124 personas: 47 mujeres, 57 hombres, 19 menores de edad, en diciembre de 1984.

La posición del mando militar es desconcertante e inaceptable.

En la última quincena, el Equipo Peruano de Antropología Forense realiza la exhumación de los cadáveres de 124 personas ejecutadas en la comunidad de Putis, provincia de Huanta, Ayacucho, por efectivos del Ejército, y arrojados en una fosa común, en diciembre de 1984. La tarea fue ordenada por la Segunda Fiscalía Supranacional de Ayacucho a cargo de Rubén López.

En noviembre del 2001, el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benítez, pidió a la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, investigar la existencia de la fosa de Putis.

En el 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) logró el testimonio –brindado bajo reserva de identidad– de un soldado del Ejército que participó en la matanza.

La CVR logró, además, hacer un listado con 123 nombres de los ejecutados esa mañana de diciembre: 47 mujeres, 57 hombres y 19 menores de edad. Consiguieron también los testimonios de algunos sobrevivientes quienes huyeron hacia la zona del Valle del Río Ene.

Los testimonios son aterradores. En diciembre de 1984, 50 soldados de la Base Antisubversiva de Putis, recorrieron los cerros y congregaron en Putis a los pobladores dispersos en las partes altas de los pueblos de Rodeo, Vizcatánpata, Rumichaca, Sayhuallamacniyocc, Pampahuasi, Huancas, Orccohuasi y Cayramayo bajo la promesa de protegerlos de la violencia senderista que los había hecho huir de sus casas.

Una vez reunidos, un piquete de soldados separó a las mujeres mientras que a los hombres les dieron picos y palas para que, según les dijeron, caven una fosa para construir una piscigranja de truchas. Horas después, las muchachas retornaron y acusaron haber sido violadas. Finalmente todos fueron fusilados y enterrados.

De acuerdo a la CVR la Base de Putis dependía de la Base Contrasubversiva N° 51 ‘Los Cabitos’, de Huamanga, desde donde ejercía la jefatura Político Militar de Ayacucho el general EP Adrián Huamán Centeno. También ha podido determinar que en la matanza participaron un ‘Teniente Lalo’, jefe de la patrulla, así como al ‘Oficial Bareta’, ‘Comandante Oscar’ y el ‘Capitán Cuervo’.

Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de Defensa simplemente niega que en Putis existiera una base militar.

Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en el Derecho Internacional, y masacres como la de Putis justifican dicho principio y claman por Justicia.

La CVR contabilizó 4,644 sitios de entierro clandestinos a nivel nacional, habiendo constatado 2,200. El esclarecimiento de atroces crímenes cometidos durante los años de la subversión es, pese a los años trascurridos, aún muy largo.