Del Encabezamiento al Descabezamiento

Lucha de poderes: un cambio en la correlación de fuerzas de accionistas en el Grupo El Comercio ha significado sacudones internos y decapitaciones laborales; pero también ha ocasionado un debate sobre las premisas fundamentales del periodismo que nos concierne a todos.

Los petroaudios no solo remecieron al gobierno y provocaron un cambio de gabinete sino catalizaron la salida –derrocamiento sería, quizá, una palabra más precisa– del ahora ex director de El Comercio, Alejandro Miró Quesada Cisneros; la pérdida de poder y de cargos de Bernardo Roca Rey; y el descabezamiento de la unidad de investigación del diario.

El lunes 3, Hugo Guerra, el recientemente retornado subdirector de facto de El Comercio, pidió a Pablo O’Brien, a través de intermediarios, la entrega de todos los petroaudios en su poder. O’Brien es el periodista que por más tiempo investigó el caso de corrupción que terminó en los petroaudios. Por razones que reseñaré aquí, O’Brien nunca llegó a publicar su investigación.

Al recibir la petición, orden más bien, de Hugo Guerra, O’Brien contestó que ya no tenía los audios, que los había devuelto a la o las fuentes que los entregaron.

El martes 4, O’Brien recibió la indicación de acercarse a la oficina de recursos humanos del periódico, para recoger su carta de despido. Con ello continuó la purga de la unidad de investigación, iniciada con el despido de su editor, Fernando Ampuero.

Como van las cosas, es posible que las purgas no se detengan dentro del diario mismo sino que abarquen al grupo entero de El Comercio. El sindicato (en este caso, un término patronal) de accionistas ahora dominante en el directorio y la redacción, ha expresado abiertamente su hostilidad a la investigación de los petroaudios y ha puesto todo el acento en el repudio al “chuponeo” de donde salió la información.

Como se sabe, la revelación de los petroaudios fue hecha en AméricaTV, donde El Comercio controla los dos tercios del accionariado. También fue publicada concurrentemente en Perú.21, que pertenece (igual que los otros diarios, El Trome y Gestión) al grupo El Comercio.

Hasta ahora, el manejo editorial de los otros medios del grupo ha sido, de acuerdo con las evidencias, harto independiente, bajo las reglas generales de los “principios rectores” de El Comercio, el manual de estilo que especifica las normas fundamentales de ética, procedimiento y manejo periodístico y empresarial.

Pero las vivas discrepancias sobre el caso de los petroaudios han derivado en una polémica crecientemente abierta entre el sindicato gobernante de El Comercio y el director de Perú.21, Augusto Álvarez. A la vez, la dirección periodística de AméricaTV, a cargo de Laura Puertas, funciona desde la semana pasada bajo un comité consultivo totalmente cambiado, donde están algunos de los miembros más militantes de la nueva dirección del grupo El Comercio.

Las purgas y descabezamientos se restringen hasta ahora a El Comercio. Pero, como he dicho, la polémica sobre los petroaudios es cada vez más abierta y dura.

El domingo 2, por ejemplo, hubo un cruce de sables en dos artículos editoriales de los directores de Perú.21 y El Comercio. En su columna, Augusto Álvarez, el director de Perú.21, repasó el escenario de la polémica reservándose solo los nombres. “En el caso del ‘Petrogate’ no nos quedan dudas”, escribió Álvarez Rodrich, “luego de un análisis exhaustivo, de que el respeto a un ejercicio decente del periodismo no solo implicaba que debíamos divulgarlo sino que era una obligación hacerlo para no traicionar los fundamentos de un periodismo que pone al ciudadano como su prioridad”.

Aunque luego hay un párrafo más o menos conciliador: “Reconocemos, sin embargo, que puede haber puntos de vista diferentes” como, añade, los que expresan varias personas, “hasta periodistas para quienes la interceptación ilegal es más importante que la corrupción”.

El defensor del punto de vista mencionado es nadie menos que Francisco Miró Quesada Rada, quien ese mismo día publicó en El Comercio un artículo: “Corrupción e interceptación telefónica”, donde escribe que “llama severamente la atención que algunos quieran establecer una dicotomía entre corrupción e interceptación telefónica, cuando lo segundo es una modalidad de corrupción”. Luego, en alusión virtualmente directa a Álvarez, Puertas, Ampuero, Alejandro Miró Quesada y Bernardo Roca Rey, critica a quienes “de manera asombrosa… son capaces de afirmar que un documento interno está por encima de la constitución y de la ley”. Después viene la estocada: “… (cuando) denunciamos a quienes escuchamos su voz en la corrupción y vemos su imagen y silenciamos al ‘chuponeador’ o lo consideramos un delito menor, ‘manejable’, para la primicia.(…) Si hacemos eso y lo fundamentamos ante la opinión pública, somos tanto o más corruptos. Aquí no hay término medio, aquí no puede haber tibieza, acuso un delito y callo otro, además lo encubro”.

El editorial de El Comercio el día siguiente, lunes, remachó la posición del sindicato de accionistas ahora en el poder frente a las redacciones todavía insumisas: “Primero está el debate sobre el papel de la prensa, en torno al cual nuestra posición es muy precisa: sí apostamos por el periodismo de investigación cuando éste trabaja sobre bases éticas que privilegian no solo los manuales de estilo sino también la constitución y las leyes”.

Los ‘manuales de estilo’ a los que se refieren Francisco Miró Quesada y el editorial del lunes no son varios sino uno: los “principios rectores’ de El Comercio. El “principio rector 14”, sobre ‘el cumplimiento de la ley’ es inequívoco: “Si terceras personas”, dice, “se acercaran con información obtenida de manera ilegal, el director del medio decidirá su difusión. Para ello deberá, primero, haber alcanzado el convencimiento de que es verosímil y, segundo, que, en atención al principio de la cultura informativa amplia, no darle difusión al hecho podrá significar un perjuicio al derecho ciudadano de estar debidamente informado”.

Parece que se aproxima no solo una posible profundización de las purgas sino una probable derogatoria parcial o total de los ‘principios rectores’, el manual de estilo de El Comercio.

¿Para remplazarlo con qué? Lo que han expuesto sus detractores hasta ahora es una visión que aniquilaría el periodismo de investigación.

Hay un punto en el que encuentro que tiene razón parte de la crítica hecha a la investigación de los petroaudios. El periodismo de investigación debe ser transparente, en la medida de lo posible, respecto de los métodos que usó para llegar a la información. Las fuentes, claro, deben ser protegidas con el anonimato, cuando sea necesario. Pero eso no significa contar fábulas respecto de la manera que se llevó a cabo la investigación o se accedió a sus resultados.

La investigación de El Comercio –a cargo de Pablo O’Brien– sobre la relación de grupos mexicanos (banco Azteca y Cemex fundamentalmente) con altos funcionarios de este gobierno, empezó desde septiembre u octubre de 2007. Esos casos llevaron a los de hospitales y el de los petroaudios. Periodistas de AméricaTV y de Perú.21 tuvieron acceso a la información del caso varios días y posiblemente semanas antes de hacerlo público.

El golpe de estado en la dirección de El Comercio impidió que la investigación fuera publicada. Mientras tanto, AméricaTV y Perú.21 corroboraban la información. Cuando lo lograron, la publicaron.

¿Hubo algo de malo o de objetable en la decisión de comprobar y verificar antes de publicar? ¿En proteger a las fuentes? Lo único de malo que hubo fue la fábula sobre el origen de la información, que es, si se quiere, un pecado venial. En cambio, la decisión de mantener la información en reserva mientras se la comprobaba, de proteger a las fuentes y de publicar, por parte de AméricaTV y Perú.21, fue correcta. Es lo que hubiera hecho cualquier buen editor o director ante un caso importantísimo de corrupción descubierta y comprobada.

¿Se iba a tirar la información al tacho de basura porque había sido obtenida por chuponeo? ¿No se la publicaba y se la entregaba al fiscal? Con ese criterio no existiría periodismo de investigación ni se hubieran publicado varias de las grandes revelaciones que han sacudido y adecentado sociedades, disminuido la corrupción y reforzado la democracia.

¿Que es importante investigar también el chuponeo y los intereses de los chuponeadores? Por supuesto. ¿Que permitir el chuponeo es dañino para la democracia? Sin duda. Pero es una falacia o una simple falta de inteligencia pretender que una investigación cancele a la otra. Cada cual en su momento, una después de la otra, pero no la una impidiendo la otra. Es un asunto de razonamiento básico y de sentido común.

Por el bien del periodismo y de la democracia, este asunto debe ser discutido a fondo y a fondo esclarecido.