14 de abril de 2008 - Diario la república

I) Juan Paredes Castro, de El Comercio, denunció, el 6 de abril, ser víctima de espionaje telefónico. Se suma a decenas de denuncias de parlamentarios, periodistas, dirigentes sociales y políticos. La operación incluye la intervención de correos electrónicos privados que luego usa y deforma –en sus campañas difamatorias– la prensa amarilla fuji-aprista, esa cuyos columnistas consideran a Santiago Martin Rivas un héroe nacional en la lucha antiterrorista, que debiera ser premiado por sus hazañas criminales en La Cantuta, Barrios Altos, el Valle del Santa o el norte chico.

El Congreso decidió "investigar" el espionaje. Con energía, el Congreso demandó un informe al Ministro de Defensa. Y éste, el precoz precandidato presidencial para el 2011 y flamante escudero alanista, Antero "Pachequito" Flores Aráoz, les cursó, raudamente, un sesudo informe de la Inspectoría General del Ministerio de Defensa (Vicealmirante (r) Tubino), del 7 de abril, con oficio 187-MD-IG-K, que es de antología.

Dice el informe de "Pachequito" que en julio 1997, Frecuencia Latina denunció la interceptación telefónica a sectores de oposición por el gobierno de Fujimori, lo que motivó que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso –presidida nada menos que por la fujimorista Martha Chávez (lo que se omite recordar)– abriera una investigación. Inmediatamente sostiene que la Comisión –neutra y virginal– acordó el 27 de mayo de 1999 que NO SE PROBÓ EL ESPIONAJE TELEFÓNICO. Además, dice para ser más convincente, que se cursó el informe nada menos que al Fiscal de la Nación, como si no supiéramos de la mafia fujimontesinista allí enquistada y hoy sentenciada. Claro, el "Inspector" olvida que en 1990 probamos en el Senado el espionaje telefónico con el SIN de Alan García, comandado por el Gral. Edwin Díaz, y que se forzó a que se le retirara, aunque Montesinos copó el sistema luego y a Díaz lo enviaron, pagado, a analizar la estrategia antisubversiva de la dictadura argentina.

El Informe recuerda que el tema se denunció ante la CIDH de la OEA, en noviembre 1998, pero que el Estado alegó era inadmisible pues no se habían agotado los procedimientos internos, y que la CIDH no se ha pronunciado. Continúa con que el 2001, ante un pedido del ministro W. Ledesma, la Marina informó que nadie de la institución habría participado en interceptación telefónica y que no cuenta con equipos ni con personal con la capacidad de hacerlo (aunque el edificio en la Av. de la Marina parecería tener fuerte relación con el tema). Así mismo, el Ejercito informó que su personal SÍ participó en espionaje telefónico, al servicio del SIN (Montesinos y Huamán Ascurra) exclusivamente, pero los equipos usados no eran del Ejército, desconocían los fondos usados para comprarlos y desconocían su actual paradero.

Dice que –en mayo 2001– el SIE (Inteligencia EP) entregó UN equipo de interceptación que está inoperativo y en custodia del Centro de Comunicaciones del Ejército, mientras que a miembros de la FAP les incautaron 1 equipo de interceptación y otro equipo no ha sido ubicado. Finalmente, dice que en febrero del 2007, el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) declara que no han adquirido equipos de interceptación. ¡Listo! ¡Más claro ni el agua!: las FFAA y el gobierno no tienen nada que ver con este asunto, tampoco tienen equipos o personal capacitado, según el Congreso fujimorista y los informes de las FFAA. ¿Puede usted creer que nuestras FFAA no sean capaces de usar interceptación telefónica, como todo el resto del mundo? ¿Qué le parece que gente así maneje la seguridad del Estado y la Defensa Nacional? Debemos ser únicos en el mundo e indefensos como ninguno, "Pachequito". ¿Eres, te haces, o nos crees así de babosos?.

II) Alan García –experto en armas de fuego, además de Magíster en hiperinflación y Doctor en corruptela del 85 al 90– ha desautorizado la denuncia del Fiscal Penal que responsabiliza al SO PNP Carlos Rodríguez H. de haber disparado en la cabeza y matado a los campesinos ayacuchanos Emiliano García y Rubén Pariona, el 19 de febrero, durante una marcha en el Paro Nacional Agrario. Dice que la denuncia es "un hecho de política, buscando cinco pies al gato". Con el humor que lo caracteriza, agregó "al gato Alva Castro, que tiene muchas vidas". Así, el Fiscal es un instrumento político y presionado, porque acusa a la policía. Si la exculpara, más allá de lo que su investigación demuestre, sería ejemplar y no estaría presionado...por el Presidente. Ojo, García tiene antecedentes: destituyó, persiguió e hizo irse del país al Fiscal que investigó la matanza de Cayara, en 1989, durante su gobierno. Desapareció el expediente e hizo mil tropelías, contra los testigos y los congresistas que investigamos el caso. El caso está pendiente en la Corte IDH de la OEA.

Para García, el fiscal "intenta inhibir la capacidad de acción de la Policía". Ha garantizado impunidad a quienes aprieten el gatillo contra los perros del hortelano que reclaman algún derecho. ¿Quiere generalizar la estrategia empleada en los penales en 1986?

García y Alva Castro son testigos que no dispararon policías. Que fueron armas caseras (precisas para dar 5 impactos en la cabeza). Nadie tiene responsabilidad política, ningún policía está vinculado, pero la investigación fiscal dice lo contrario. ¿Son, se hacen o nos creen tan estúpidos? ¡Basta de burlas, más respeto al país!

Publicado con autorización del autor

NOTA ACLARATORIA AL DIARIO LA REPUBLICA:

Lima, 14 de abril de 2008

Señor Ing. Gustavo Mohme Seminario Director de la Republica Presente.-

Estimado Gustavo:

Con preocupacion anoto se ha modificado mi articulo de este lunes, en el diario. Particularmente preocupante resulta se hayan eliminado mis referencias a que Garcia deberia respetar la autonomia en la administracion de justicia y, sobre todo que cuando el caso Cayara -cuando el entonces Presidente Garcia fue informado por el Fiscal que investigaba el caso de los problemas con los militares, no solo fue destituido, perseguido y obligado a irse del pais (lo que si se ha publicado) sino que desparecieron el expediente, "robaron cadáveres probatorios, mataron a todos los testigos que declararon ante el Fiscal y los congresistas que investigamos el caso".

Suprimir esta conducta delictiva e inaceptable, de lo publicado resulta serio e incomprensible. Como es evidente, los columnistas no estamos sujetos a censura.

Ruego esto no se repita y publique la presente nota aclaratoria.

Atentamente,

Javier Diez Canseco