Cuestión de Generales (II)

Si alguna duda quedaba respecto de la intención del gobierno aprista de encubrir el mayor caso conocido de corrupción militar en lo que va de esta década, Gino Ríos Patio, el procurador de Alan García, se encargó de borrarla el viernes pasado.

Ese día, uno después de la publicación de “Cuestión de generales” en Caretas 2021, Ríos Patio se dirigió por escrito a la fiscal anticorrupción Marlene Berrú (que investiga la asignación corrupta de combustible el año 2006, bajo el entonces comandante general del Ejército, general EP (r) César Reinoso) para hacerle una solicitud que casi equivale a una confesión.

En el escrito, Ríos Patio le solicita “la suspensión de las diligencias programadas por su Despacho (sic) debido a que he solicitado (…) se inhiba del conocimiento de la presente investigación”.

Es decir, el presunto procurador “anticorrupción” le exige a la fiscal Berrú paralizar toda su investigación en este megacaso de corrupción.

La semana pasada expliqué la estrategia de la defensa del general (r) Reinoso, de pedir que se incluya en la investigación a los comandantes generales que tuvo el Ejército desde el 2000 hasta el 2006. El propósito, como expuse entonces, era lograr incluir en la investigación al general EP (r) Roberto Chiabra, ex comandante general del Ejército y ex ministro de Defensa, quien tuvo como ayudante al comandante EP Orlando Berrú, hermano de la fiscal, para forzar a esta a excusarse y separarse del caso.

La iniciativa no funcionó. Entonces, el adjunto de Ríos Patio, Martín Valdivia Cotrina, exigió a Berrú el 1 de abril que se aparte del caso. ¿La justificación? Una nota en el pasquín montesinista “La Razón”, del 29 de marzo, en el que informan que Berrú habría hecho llegar una citación a Reinoso a través de su chofer y su escolta. Eso es suficiente para que Valdivia Cotrina sostenga que Berrú tiene “falta de objetividad e imparcialidad” en la investigación. Tres días después, Ríos Patio le exigió, como queda dicho, “la suspensión de las diligencias programadas”.

Paralizar la investigación supondría, entre otras cosas, suspender la diligencia con el actual comandante general del Ejército, general EP Edwin Donayre, para que este explique cómo usó su asignación extraordinaria de combustible mientras fue comandante general de la Región Militar del Sur el 2006. Berrú ha citado a Donayre en seis oportunidades diferentes entre el 17 de julio de 2007 y el 26 de marzo de 2008. Este siempre se las ha arreglado para disculparse y no concurrir.

¿Por qué quieren sacar a Berrú? Porque es una fiscal treja y porque el caso es muy serio. Se trata de un robo millonario al Estado a través de la asignación fraudulenta de combustible. El principal responsable, aunque no el único, es el general Reinoso, y la principal víctima, en ese ambiente de corrupción generalizada, fue el propio Ejército. Recuérdese los escándalos de las raciones malogradas, del equipamiento inservible, de los cuarteles en el VRAE donde faltaba lo más elemental, según pudieron ver en su momento los ministros que acompañaron al entonces titular de Defensa, Allan Wagner, en un revelador viaje por el valle.

La razón principal por la que el pasquín montesinista y sus socios en el gobierno actual quieren abortar la investigación fiscal, es porque ya se sabe mucho sobre el caso a través de indagaciones previas. Veamos algunas de las cosas que éstas indican:

En febrero de 2007, el entonces nuevo Inspector General del Ejército, general EP Francisco Vargas Vaca, firmó el “informe de investigación 002/IGE/K-1/20.04.b sobre las “presuntas irregularidades” en la asignación de combustible. El informe, de 20 páginas, señaló principalmente lo siguiente:

- Que el año 2006, el incremento de combustible respecto del año anterior fue de 47% en gasolina 84 y de 61% en petróleo;

- Ese año, el Hospital Militar Central recibió un aumento de 262% en gasolina 84 y 62% en petróleo. Lo obscenamente escandaloso del asunto es que –según lo investigado después por la Contraloría General de la República– el Hospital Militar recibió 37,660 galones de gasolina 84 y nada menos que 423,399 galones de petróleo el 2006. Comparativamente, cuatro de las principales brigadas del Ejército (la primera de Fuerzas Especiales, la 18 Blindada y las brigadas 31 y 2da de Infantería) recibieron, todas juntas, menos de la mitad de esa asignación de petróleo. ¿Quién era el director del Hospital Militar? El general EP Samuel Gamero, el mismo denunciado en Cuarto Poder el domingo pasado por intentar obtener una coima de un concesionario. ¿Se había investigado en el ínterin a Gamero para que explique en qué presuntas aplicaciones médicas empleó medio millón de galones de petróleo? Por el contrario: se lo promovió a subjefe de Estado Mayor, mientras que a Vargas Vaca se lo sacó de la inspectoría y envió a Iquitos, a un cargo normalmente desempeñado por un general de brigada.

- El informe de Inspectoría del Ejército también indica que el coronel EP Wilbert Rengifo, entonces jefe de la FAME (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército), afirmó que “no presentó” ninguna petición de asignación extraordinaria de combustible y que los que enseñó la Dirección de Logística “tienen la firma falsificada”.

- El año investigado, el 2006, el comando del Ejército declaró haber utilizado 414,340 más galones de gasolina 84 que el año anterior, y un millón 162 mil 342 galones más de petróleo. Cerca del 61% más que el año precedente. Ese “combustible” fue en realidad dinero, que en lugar de llegar a los tanques de los vehículos desapareció en los bolsillos de unos cuantos ladrones.

- Vargas Vaca recomendó “poner en conocimiento de la Contraloría General de la República” sus investigaciones. Ya vemos cómo se lo reconocieron.

Pocos después, a fines de marzo de 2007, un equipo especial de la Contraloría presentó un informe sobre la asignación y uso del combustible en la brigada de Fuerzas Especiales, en la Brigada de Infantería de Ayacucho y, sobre todo, en la Comandancia General del Ejército.

La investigación fue extraordinariamente prolija. Voy a entresacar solo algunos ejemplos:

- En la primera Brigada de Fuerzas Especiales, intentaron engatusar a los auditores con un gran consumo de supuesto combustible por vehículos inoperativos. También les informaron sobre el intenso “consumo’ de un vehículo que supuestamente estuvo el mismo día en Campo Armiño, Huancavelica, y en Ancón. Asimismo, les informaron que otro vehículo, el Comandcar EP 5745 había consumido 114 galones de diesel. Ese vehículo es gasolinero. Toda una batería de torpes estratagemas.

- En la Segunda Brigada de Infantería, de Ayacucho, los contralores detectaron la “asignación de combustible a vehículos inoperativos y el consumo de combustible asignado para vehículos en actividad distinta”, entre otras cosas.

- Respecto de la Comandancia General del Ejército, los contralores indicaron que ésta no cuenta “con documentación que acredite la distribución y consumo” entre enero y noviembre de 2006, de “120 mil 630 galones de gasolina 95…, 4 mil 135 galones de gasolina 84 y 8 mil 250 galones de petróleo … por un valor total de un millón 675 mil 710 soles”. Además, se habrían entregado “para uso personal” cerca de 45 mil galones de gasolina 95, por medio millón de soles. Ambas cosas tipificaban los delitos de abuso de autoridad y de peculado.

Los auditores recomendaron remitir su informe al Ministerio Público, a fin de que la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (la de Berrú) pudiera incorporarlo a su investigación. El Gerente Central de Control de la Contraloría manifestó estar de acuerdo con el contenido del informe el 22 de marzo de 2007.

A partir de ahí se inició la indigna operación de encubrimiento, que ahora tiene a Ríos Patio en diligente colaboración con los montesinistas.

Además de la iniquidad moral, ¿qué capacidad profesional, qué eficacia militar no resulta dañada por esos niveles de corrupción?