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Un comentario a la entrevista a Juan Ossio "Los nativos han sido invisibles para el Estado" Por: Frederica Barclay, especial VOL, 1° de setiembre de 2008

Seguimos en el debate del problema amazónico. Frederica Barclay, antropóloga dedicada al tema indígena en la Amazonía peruana, replica algunos de los argumentos que Juan Ossio expone en una entrevista que reprodujimos en VOL.

Concuerdo con el antropólogo Juan Ossio en que los comuneros indígenas no están en contra de los beneficios de la modernidad. De hecho, sus propuestas para la Amazonía son mucho más modernas que las del gobierno y han aceptado y adoptado muchísimos cambios que les han traído ventajas, como hay que decirlo también, muchos otros que han terminado presentando un grave perjuicio a su calidad de vida. Pero solo haciendo grandes malabarismos puede uno asociar los últimos decretos a una intención modernizadora y benigna, y la política liberalizadora a un propósito de garantizar derechos a la igualdad.

Hace pocos días, la Ministra de Justicia, haciendo gala del estilo ya conocido de la "interpretación auténtica" que se cultivaba en la época de Fujimori, decía que la norma derogada estaba encaminada a asegurar que a los pueblos indígenas se les garantice gozar en el mismo grado que los demás de los derechos que tienen los ciudadanos del país. En ese sentido afirmaba que el DL 1015 no hacía sino restituirles un derecho que la colonia les había conculcado y ponerlos "en pie de igualdad". De la misma manera, Juan Ossio acoge la interpretación de que el paquete de medidas promulgado por el Ejecutivo tiene como propósito la "modernización". Claramente su propósito es acabar, como el mismo dice, con un "lastre". Pero ese lastre no es la "tradición" (que finalmente muerto el "perro" puede reciclarse como atractivo turístico). Para un cierto tipo de inversionistas el lastre lo constituyen las propias comunidades y su derecho constitucional a la autonomía, quienes perciben que éstas "bloquean" sus oportunidades. Esto es también cierto para un gobierno tan ávido de inversiones que no está dispuesto a regular ningún tipo de intervención ni a hacer que se respeten los derechos de esas comunidades. Esos decretos no buscan modernizar a las comunidades sino crear condiciones para disolverlas y así "despejar" el terreno. Hay que llamar al pan pan, y al vino vino.
Algunos ilusos preguntarán ¿por qué querría en estos tiempos el Ejecutivo despejar el terreno? Pues claramente para poder hacer disponibles las tierras comunales a las plantaciones para biocombustibles, para evitarse la obligación de andar explicando y consultando previamente las iniciativas que afecten los territorios comunales, para evitar la resistencia a las concesiones petroleras o evitarle a los mineros potenciales juicios costosos cuando el uso de tierras comunales resulte en la contaminación de los recursos. Por eso, a la par que se auspicia la venta de las tierras indígenas, de un plumazo se suspenden las servidumbres, las consultas y las autonomías.

Confiesa Juan Ossio que el Presidente García le "impacta por la claridad de sus ideas y su visión del momento" y que ellos se reúnen regularmente. Aunque en otras entrevistas Ossio ha admitido que el gobierno debió haber conversado con los interesados/afectados (ver Correo 29.8.08), esas afirmaciones parecen ser una confesión de parte respecto de su papel como asesor en la elaboración de las normas referidas a comunidades nativas y campesinas. El problema es que, al menos en el caso de la selva, la experiencia de Juan Ossio en comunidades se limita a una visita al Marañón en 1964, siendo todavía estudiante de la Universidad de San Marcos, y luego a algunas consultorías realizadas a solicitud de empresas del sector hidrocarburos. Tanto es así que en su tiempo, dice él, los Aguaruna no querían recibir dinero como pago porque no sabían qué hacer con él; no está al tanto de que hoy en día lo necesitan hasta para asegurar la asistencia de sus hijos a las escuelas en teoría gratuitas. Un texto que yo le conozco y he estudiado es un informe del año 2003, en el que sin acreditar sus fuentes de información para el análisis, recomendaba continuar los trabajos petroleros en dos pozos del lote 88 de Camisea suspendidos a causa de que el Ministerio de Salud había establecido que, en conexión con las actividades de exploración, se habían suscitado sucesivas epidemias de influenza en la Reserva del Estado a favor de los grupos étnicos Kugapakori-Nahua, una zona donde la población indígena de contacto reciente era muy vulnerable a los efectos de estos brotes, mortales en varias instancias. Para resolver esta situación el informe de Juan Ossio incluso insinuaba la posibilidad de recortar la reserva y así dejar en libertad de acción a Pluspetrol. Como para entonces Juan Ossio se desempeñaba como miembro de la CONAPA que dirigía la Sra. Eliane Karp, AIDESEP reaccionó pidiendo su separación y declarándolo persona no grata. Su participación en CONAPA, luego reconvertida en el INDEPA, no dejó otros réditos conocidos salvo el beneficio de haber estado cerca del poder en el gobierno de Toledo, como hoy en el del presidente García, lo que le granjeó la oportunidad de actuar como representante cultural oficial del país en ferias, exposiciones y universidades.

Tras la protesta indígena y sin abandonar sus propósitos ni reconocer su error de no haber buscado concertar y luego consultar las normas con los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, el presidente García ha declarado que se había chispoteado. En efecto, ha declarado (El Comercio 26.8.08) que "por error o confusión se 'amazonizó' (sic, El Comercio ditto) la idea, involucrando a los nativos" en unos decretos que habían sido "pensados para la sierra". Dios nos libre de que cualquiera de los actos del gobierno se hagan con tal ligereza, si no el día menos pensado ponen la planta de la Taboada en la Plaza de Armas! Claro que esta afirmación ex post no cambia la intención de la norma, como revela no solo el hecho de que el presidente García quiera de todas maneras asegurar que las tierras puedan ser alquiladas con los votos de la mitad más uno de quienes asomen a una asamblea -para que puedan beneficiarse de joint ventures donde seguramente las tierras avalarán los préstamos bancarios-, sino el que la serie de artículos sobre el perro del hortelano la haya emprendido principalmente contra las comunidades amazónicas, no creo que por error ni por exceso de retórica. Y si ésa es la claridad de pensamiento que tiene el gobierno en materia de los pueblos indígenas y las comunidades, dios nos guarde de los temas en que no ha alcanzado igual iluminación.

Juan Ossio ha argumentado a favor de esta norma que prevé como integradora de los pueblos indígenas amazónicos de una manera harto contradictoria. Nos pinta esa imagen congelada en el tiempo que proviene de su historia personal y de sus lecturas etnohistóricas, y nos justifica el afán de cambio en el hecho de que la figura legal de la comunidad era inexistente hasta que Juan Velasco Alvarado reconoció a los pueblos amazónicos por primera vez el derecho colectivo de propiedad en 1974. Haciendo una confusión completa del caso que ocupó su informe de consultoría referido a pueblos en aislamiento voluntario y pueblos en situación de contacto reciente (¡que más que seguramente no querían que se les recortara la reserva como él lo sugería!), con el del más de un millar de comunidades nativas, nos dice que la comunidad no caló porque los pueblos indígenas amazónicos "andan moviéndose". Si fuera que son estos "seminómadas, cazadores, pescadores, recolectores y horticultores" los que no "conciben el derecho de vender su tierra si la mitad más uno está de acuerdo", no se explicaría que solo en el alto Marañón se hayan movilizado masivamente miles de personas para protestar y que otro tanto pasara en el Urubamba donde en los últimos años los Matsigenka han "disfrutado" los impactos de la "modernidad" de Camisea.

Pero las mayores evidencias de que los pueblos indígenas han hallado en la figura de las comunidades un medio conveniente para proteger sus derechos son, por un lado, el que cada uno de ellos ha hecho enormes esfuerzos por lograr su inscripción y titulación. Porque hay que decirlo, la mayor parte de las tierras tituladas se han conseguido no gracias a la acción de oficio del Ministerio de Agricultura sino en respuesta a la insistencia de las organizaciones e inclusive al financiamiento obtenido por ellas. Por otro lado, no solo han mantenido la propiedad colectiva sino que, para suplir las limitaciones de la ley, los pueblos indígenas han ensayado establecer bloques de comunidades yuxtapuestos establecer para procurar recomponer así la integralidad de sus territorios y responder mejor a la forma en que ellos los conciben.

Dice Juan Ossio que "la parte malévola" de esta historia no radica en las intenciones de acecho que tienen estos potenciales inversionistas (de cuya existencia el presidente Alan García duda porque no cree que haya "una masa de capital desesperado para ir a esas difíciles zonas"), sino en la existencia de "un conjunto de ONG radicalmente ambientalistas que quieren ver a las comunidades tal y cual se han conservado toda la vida". En qué quedamos, si el error de la ley de comunidades era haber inventado la comunidad, cómo estos neo-buitres ambientalistas podrían querer conservarlas tal cual las conoció el Adelantado Alonso de Mercadillo en 1539. En los 29 años que llevo de antropóloga graduada he oído usar miles de veces el argumento de la supuesta existencia de los que quieren conservar a los indígenas como en vitrina, para justificar toda clase de tropelías a nombre de una supuesta modernización.

En un movimiento táctico, que acompaña Juan Ossio con sus declaraciones, el Presidente García ha sugerido, como ya se ha dicho, reformar el 1073 para facilitar el alquiler de las tierras comunales amazónicas y dejar todos sus efectos para las comunidades campesinas de la sierra. Juan Ossio, quien se precia de un largo trabajo de campo en la región de Andamarca, debería recordar el importantísimo papel que cumplen las áreas del común como reserva de pastos y terrenos de rotación y como garantía de la reproducción de muchos de los recursos y en particular del agua, de la que se ha ocupado en escritos sobre los ritos que acompañan la limpieza anual de los canales colectivos. Nadie de buena fe puede creer que las medidas tomadas por el gobierno con o sin asesoría antropológica, estén orientadas a equilibrar los derechos de los pueblos indígenas cuando se habla de dar igualdad de oportunidades. No es la primera vez que en el país se apela a la igualación, el progreso y la modernidad para tratar de anular lo que algunos, todavía en el siglo XXI, consideran un "lastre".