Polémicas Periodísticas

El caso de El Comercio y Perú.21 ha resultado una oportunidad para discutir temas fundamentales para el periodismo. No es algo de lo que uno deba alegrarse, puesto que el despido de periodistas por cumplir con su deber significa casi siempre un retroceso ominoso en estándares de democracia y honestidad pública.

Dos directivos de El Comercio –Hugo Guerra y Francisco Miró Quesada Rada– defendieron los despidos en artículos sucesivos. Paso a examinar sus razones.

En su columna del sábado pasado, Hugo Guerra utilizó un argumento identificable para defender los despidos: la libertad de empresa. El resto, con el debido respeto, es palabreo.

La autoridad en la que se respalda es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que, en palabras de Guerra, “considera doctrinariamente que una parte sustantiva de la libertad de expresión consiste en que se respete la libertad de la empresa periodística. (…) un directorio adopta por unanimidad ciertas decisiones, y estas no tienen por qué desfigurarse ni tergiversarse, porque representan el ejercicio de un legítimo derecho empresarial en el cual nadie tiene que meterse”. Es decir, el directorio habló y se acabó.

Veamos. ¿Tiene derecho el propietario del medio de despedir a sus directivos y periodistas? Sí. Sin duda. Los cargos de confianza suponen una responsabilidad delegada que se sostiene en la relación fiduciaria (de confianza) entre los dueños del medio y los periodistas encargados de dirigirlo. Si esa confianza se pierde o erosiona, los propietarios tienen el derecho y la facultad de reemplazar a el o los profesionales a quienes habían confiado la producción periodística del medio.

Pero, la relación del medio con el público (o, para ponerlo todavía más claro, con la ciudadanía, con el pueblo) es también una relación fiduciaria, solo que más importante que la anterior. La confianza, la fe del público en la honestidad, profesionalidad e integridad del medio es uno de los pilares centrales del concepto de libertad de prensa y expresión.

Algunos le llaman credibilidad, aunque es bastante más que eso. Y la confianza del público en un medio tampoco se mide solamente por la respuesta en el mercado a través de la circulación o la sintonía o el avisaje.

Es el reconocimiento, implícito y explícito de la gente al esfuerzo honesto y capaz de un medio por proporcionar información veraz, importante e interesante; para fiscalizar mediante la vigilancia y la investigación a los poderosos; para opinar y servir de tribuna de opinión a visiones diversas y, en lo posible, inteligentes. La información es un bien público en una democracia, porque solo un pueblo bien informado puede decidir bien y defender sus derechos.

Entonces, los medios principales, sobre todo los de referencia, tienen un accionista que no cobra dividendos pero que tiene derecho a todas las explicaciones: el pueblo. Cuando se ha logrado, en todo o en parte, esa relación fiduciaria y se la pierde, no solo sufre el medio: la libertad de prensa se desnaturaliza y la democracia entra en peligro.

Por eso es una falacia sostener que unos despidos vinculados con la investigación periodística de una escandalosa corrupción son un asunto empresarial en el cual nadie tiene por qué meterse.

Por lo contrario, todo el mundo debe averiguar y meterse. Y el periódico o los periódicos deben sentirse obligados a examinar en público y con toda claridad sus decisiones respecto del manejo informativo en asuntos de importancia central para el país.

Como se sabe, la invasión de Irak representó uno de los peores momentos para la prensa estadounidense que, en su mayoría, se dejó engañar y contribuyó con darle veracidad al mito de la existencia de armas de destrucción masiva. Masivo fue el engaño, y cuando éste se descubrió, buena parte de los periódicos principales de Estados Unidos realizaron autoexámenes y autocríticas profundos, ocasionalmente dolorosos y, sobre todo, públicos.

Pero no solo en asuntos políticos nacionales. Cuando, en 1999, se reveló que el L.A. Times había efectuado un acuerdo confidencial de avisaje con la firma Staples, que significaba mezclar promiscuamente el aspecto informativo con el publicitario, la reacción no se confinó solamente a la indignada redacción del periódico, sino se hizo pública.

Eso forzó el retroceso y la contrita autocrítica de los gerentes y directores, que prometieron enmendar rumbos. Los periodistas exigieron una investigación interna y fueron respaldados nada menos que por el legendario Otis Chandler, el accionista y ex Publisher que en el pasado había llevado al diario, como escribió un comentarista, “de la mediocridad a la grandeza”. Chandler escribió que ningún gran periódico podía mantenerse en su sitial cuando ninguno de sus altos ejecutivos “tienen experiencia periodística de ningún nivel”.

“El respeto y la credibilidad de un periódico es irremplazable”, escribió Chandler. “A veces, si se pierde, no se podrá lograr de nuevo… el manejo exitoso del negocio periodístico no es como el de cualquier negocio”. Eventualmente, los ejecutivos del periódico retrocedieron en todos los frentes y encargaron una investigación interna del caso Staples, que se publicó semanas después en una sección especial de 14 páginas, que examinó con demoledora precisión la cadena de errores basados en la arrogancia, la ignorancia y la codicia de los accionistas, que los había llevado a comprometer los principios del periódico.

Bill Kovach y Tom Rosenstiel, fundadores del Committee of Concerned Journalists, sostuvieron que ese caso era parte de un proceso más corrosivo y extenso, que amenaza la capacidad de que el periodismo “se mantenga como una fuerza independiente, capaz de fiscalizar e investigar a los gobiernos, a las empresas y a otras instituciones”.

¿Se atreven los actuales directivos de El Comercio a hacer una investigación independiente sobre sus decisiones como lo hizo, por un caso de menor importancia comparativa, el LA Times? ¿Respetan su credibilidad tanto como lo hizo ese diario?

Debo añadir que tiene mucho de patético el que Guerra termine su artículo con una referencia que se pretende desdeñosa hacia los bloggers: “porque ya bastante daño hacen esos bloggers que pretenden hacer un necio periodismo de periodistas”.

¿Daño? Los blogs han sido el principal vehículo de información sobre lo que sucedió dentro del grupo El Comercio. Quien deseaba estar informado tuvo que consultar los blogs. La diplomacia intraperiodística moduló a lo Valdivieso las referencias al caso, salvo una que otra excepción. En este caso, solo hay que agradecer a los blogs por su información.

No solo eso. Los ex columnistas de Perú.21 se han juntado en otro blog: Espacio Compartido, http://compartidoespacio.blogspot.com. Así que, blog mediante, su ausencia de Perú.21 no es una pérdida total.

No quiero terminar sin comentar con brevedad el artículo de Francisco Miró Quesada Rada, publicado el domingo pasado. Se tituló: “Transparencia e información” y es decepcionante. Paco es una persona entrenada en el rigor intelectual que no muestra en ese artículo. “Con respecto a nuestra posición sobre la corrupción y la interceptación telefónica, reiteramos que ambos son delitos. Nos llama la atención de aquellos que los contraponen. ¿Por qué esconder y desinformar sobre la interceptación telefónica? (…) ¿A quiénes chantajean? En esto tenemos que ser totalmente transparentes”.

De acuerdo. ¿Por qué no se prosigue, entonces, simultáneamente la investigación en ambos frentes? ¿Por qué no se sigue investigando y revelando sobre chuponeados y chuponeadores? ¿O es que, como añade, solo publicará la información que a su juicio haya sido obtenida “por medios legales y morales”? ¿En comunicados, por ejemplo, o en conferencias de prensa?

La discusión sobre información válidamente publicable es compleja. Pero si algo está claro en el periodismo contemporáneo es que hay ocasiones en las que la relevancia y el interés público de una información corroborada resultan mucho más importantes que su fuente de procedencia. ¿Recuerdan los “documentos del Pentágono”? La decisión del New York Times y luego del Washington Post, de publicarlos, marcó un hito en el periodismo: Si hay información filtrada clandestinamente que es verdadera y muy importante, debe publicarse.

En su artículo, Miró Quesada Rada sostiene que el suyo es “el periodismo responsable y moral. Quien esto escribe se enfrentó con la pluma, en las calles y plazas del país, contra la dictadura fujimorista y la corrupción de aquel gobierno. Mientras esto sucedía, otros periodistas que hoy fungen de moralizadores y campeones de la libertad de expresión estuvieron al servicio de esa nefasta dictadura”.

Como no menciona nombres, hubo que suponer. ¿Se refería acaso a Martha Meier Miró Quesada, candidata fujimorista en la lista de Perú 2000 en la fracasada re-reelección del dictador?